Columna de Opinion
Colombia, a mediados del siglo XIX, vivía sumida en un caos político y social. Tras la independencia, la República Granadina, y luego la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia, vivieron una serie de divisiones internas, guerras civiles y luchas ideológicas. Los liberales y los conservadores se enfrentaban no solo por el control del poder, sino también por visiones contrapuestas de cómo debía organizarse la nación. En este contexto, la inestabilidad política parecía no tener fin, y las disputas entre las facciones se resolvían a menudo con el uso de la fuerza.
Cuando Rafael Núñez asumió la presidencia en 1870, el país parecía estar al borde del colapso. Como respuesta a esta situación, propuso el proyecto de la Regeneración, que consistió en una serie de reformas políticas y constitucionales orientadas a centralizar el poder, restablecer el orden y dar una respuesta definitiva a los problemas de la fragmentación territorial y las luchas políticas. La Constitución de 1886, que fue producto de este proceso, consolidó un Estado unitario, eliminando el sistema federal que existía desde la constitución de 1863, y le otorgó al Ejecutivo un control mucho mayor sobre los asuntos nacionales.
El centralismo fue uno de los pilares fundamentales de la Regeneración. La nueva estructura política redujo el poder de los estados y consolidó una mayor autoridad en el gobierno central. Esto permitió que el país tuviera una administración más cohesionada, pero también limitó la autonomía regional, lo que provocó la desconfianza y la oposición de muchos sectores, especialmente de aquellos que se sentían despojos de su influencia en el poder. En este proceso, el Estado católico jugó un papel crucial, ya que la iglesia fue vinculada estrechamente con el Estado, y la libertad de cultos fue restringida en favor de un orden moral católico que se impuso como principio fundamental de la nación.
Sin embargo, este afán de consolidación del poder trajo consigo un autoritarismo marcado. Aunque el objetivo de la Regeneración era poner fin a la guerra civil y restaurar el orden, la manera en que se llevaron a cabo las reformas y la concentración de poder en el Ejecutivo se tradujo en una reducción de las libertades políticas. Los liberales fueron prácticamente excluidos del poder, lo que generó un clima de persecución hacia aquellos que se oponían a las políticas del régimen. La oposición política fue rápidamente suprimida, la prensa fue censurada, y cualquier manifestación de descontento fue duramente reprimida.
El impacto social de la Regeneración fue profundo, pero desigual. Si bien se lograron avances en algunos sectores, como la administración pública y las infraestructuras, estos no fueron suficientes para transformar las estructuras de poder profundamente arraigadas en el país. La oligarquía conservadora consolidó su dominio, mientras que las clases populares, especialmente en las zonas rurales, continuaron viviendo en condiciones de pobreza y marginación. La falta de una verdadera reforma agraria o de políticas que favorecieran a los más desfavorecidos evidenció las limitaciones de la Regeneración en términos de justicia social.